Constitución incumplida

Notas de Opinión 21 de agosto Por
COPARTICIPACION
CARTA MAGNA. ¿Y la coparticipación federal? FOTO ARCHIVO
CARTA MAGNA. ¿Y la coparticipación federal? FOTO ARCHIVO
A los fines de las consideraciones que seguirán, corresponde recordar que la Constitución Nacional de 1994 incluye, entre las denominadas Disposiciones Transitorias, un mandato a cumplirse antes de la finalización de 1996. Es el sexto punto del contenido y ordena que en los dos años siguientes a la reforma constitucional sancionada, hoy vigente, debería establecerse un régimen de coparticipación federal de impuestos, conforme lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 75, dice el texto consagrado.
Más de una década después continúa siendo asignatura pendiente, al tiempo que la cuestión recobra actualidad de la mano de reclamos provinciales y el conflicto por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Justo es señalar que, aunque reconocido el posicionamiento actual, los estados federales del caso reaccionan con algún atraso. Se vea esto como se quiera, la verdad es que por años toleraron el trato ruinoso que en materia les impuso el anterior gobierno central, conducido por quien, en la condición de congresal constituyente en 1994, suscribiera el mandato respecto de la coparticipación.
Por el inciso 2 del Art. 75 queda establecido que “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación (…) garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”, expresa la disposición. Añade que la distribución entre la Nación, provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires., será “equitativa, solidaria y dará prioridad al logro a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
El tiempo perdido
A más de 160 años de la Constitución de 1853 y 23 de la de 1994, los acontecimientos que hoy nos conmueven y la incertidumbre acrecienta, ponen en evidencia el inmenso costo que significó el bastardeo que por décadas padeció la base normativa de la República democrática y federal. ¿A qué fue reducido el compromiso liminar de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general…”, sino a la muestra patética de invertebración del proyecto constitutivo? Sin duda, la centralización del poder de decisión política en un solo punto, y el correlato del manejo de la economía, marginal a los intereses provinciales en tantos casos, están en la base desintegradora de los compromisos fundamentales asumidos. El avance sobre las autonomías por parte de la Nación no admite discusión en este tiempo, resumen elocuente del atropello perpetrado y sus consecuencias. De ese devenir irrefutable fueron propiciadores los unicatos de hecho conformados, no solo aquellos de la derecha conservadora en la primera etapa, no casualmente repetida después en su formato básico, con diferente sustento discursivo, en los años que vendrían hasta éstos, promotores de una grieta que dividió a la sociedad entre réprobos y bendecidos.
La nueva versión de lo mismo vino a consolidar un autoritario régimen paternalista centralizado que en la práctica borró al federalismo y al principio de las autonomías, eje del consenso que dio origen a la Nación. En el contexto así dado, la suma del poder político y la discrecionalidad del uso de los recursos generados por el conjunto nacional hizo el resto: un país desmenbrado, carente de objetivos convocantes, provincias inviables y/o feudos virtuales, por un lado, y suficientes por el otro, capacidades productivas desaprovechadas, conurbanos carenciados y vulnerables a extremos inhumanos, migraciones internas que despoblaron regiones y concluyeron en los anillos suburbanos capturados por el delito y el negocio político, etc.
La historia a escribir
La agenda, desde luego, puede engrosarse, pero no es el caso. No se trata de remendar sino de remediar para construir con amplitud de miras, en conjunto, sin otro preconcepto que el demandado por la razón. Existe un camino para recorrer en positivo andar pero exige grandeza y desprendimiento, nada fácil de lograr luego de años de peleas por lo propio o lo sectorial con olvido del país, su gente y los objetivos superiores de la Nación. Del respeto de la Constitución dependerá en grado sumo el futuro, que será como nos comprometamos con los principios republicanos que la orientan. Replantearlos y observarlos haría posible una sociedad mejor, una convivencia más sana para afrontar una realidad altamente conflictiva en un mundo complejo e imprevisible.

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