La ciudadanía fiscal

Notas de Opinión 12/08/2017 Por
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NATALIO BOTANA. Estudioso del tema. FOTO ARCHIVO
NATALIO BOTANA. Estudioso del tema. FOTO ARCHIVO

“La idea generalizada de que los funcionarios del Estado son corruptos, que roban y desvían los recursos del erario. produce en el ciudadano una sensación de impotencia que se traduce en desinterés”. La cita pertenece al economista mejicano Benjamín Gallegos Elías, autor de un trabajo en el que analiza un tema de singular importancia en nuestras sociedades: la relación entre el “ciudadano-contribuyente” y el Estado, en tanto administrador de los recursos aportados por aquél. Relación que considera no resuelta en los términos debidos, dando lugar a “la necesidad de recuperar a la política como una acción cotidiana del ciudadano”, con la finalidad -afirma- de “construir contribuyentes”. Para nada una pequeñez en los días que corren.
Sostiene que “la percepción social es que en materia de tributación se legisla al margen, y con frecuencia en contra, de los intereses de la sociedad, en beneficio de los grupos de poder, al tiempo que no se perciben beneficios del gasto social. La información disponible es que el gasto social es altamente regresivo”. Gallegos Elías se pregunta “hasta qué punto los ciudadanos se sienten representados por quienes detentan el poder político del Estado, como establece el régimen democrático más allá de la formalización jurídico-electoral”. En verdad, nudo de la cuestión que, como es harto evidente, resulta definitorio en cuanto a la abundancia de pruebas de una burla sistematizada, tanto del compromiso superior que asumen los funcionarios electos como del que, por origen del mandato, los ligan al ciudadano, en definitiva defraudado.
Sin dudas, es “el tema crucial de la vigencia del estado de derecho en la Argentina”, como puntualiza Natalio Botana en la introducción del exhaustivo análisis que efectuara con el título “la ciudadanía fiscal” (2005). El conocido politólogo y periodista, y académico de renombre, sostiene que es manifiesta la “debilidad del vínculo entre la Constitución política del Estado y la constitución económica que debería dar sustento a las instituciones de la ley suprema”. Expresa, en tal sentido, que si la primera garantiza la igualdad jurídica y de los derechos, la debilidad de la segunda “abre el campo para que crezcan las desigualdades sociales: estamentos privilegiados que no pagan impuestos o, simplemente, los evaden y eluden; habitantes con propensión al ahorro que se refugian en moneda extranjera o, con una mezcla de astucia y desconfianza, apuestan a ganancias fáciles en inversiones de corto plazo; gobernantes nacionales y provinciales que no racionalizan el gasto y la estructura del Estado y lo financian con emisión y endeudamiento.
De todo ello conocemos por demás los argentinos, así como de las crisis que sobrevinieron y arrojaron a miles de compatriotas a “la marginalidad y la pobreza, impregnando todo un conflicto social, larvado o manifiesto, que constantemente pone esas fallas al descubierto”, escribe Botana. Realidad que -prosigue- “erosiona y al cabo destruye las libertades públicas (el corazón de la Constitución política), así también la desobediencia de las leyes fiscales, o los bajos niveles de aquiescencia con respecto a ellas, concluyen condicionando la moneda hasta el punto de aniquilarla por medio de la hiperinflación o del hiperendeudamiento. Ambas referentes -la ciudadanía fiscal y la moneda- conforman el núcleo duro de la constitución económica”, afirma.El elocuente diagnóstico de lo que hemos vivido, y de los coletazos y abiertos interrogantes a futuro inmediato que nos acucian, no reflejan sino lo que en grado sumo se expresa diariamente: la aguda falta de una cohesión social suficiente para enfrentar problemas que son comunes a las mayorías y, por ende, factores que comprometen la estabilidad política indispensable a todo afán correctivo. El compromiso con el país y su gente, si existiere realmente una visión de tal amplitud, significaría redefinir conductas personales y/o corporativas que, entre otras cosas, respeten los principios y valores constitucionalmente establecidos. Aunque esto parezca imposible a esta altura, una ciudadanía políticamente afirmada y fiscalmente ordenada podría garantizar los fundamentos de la igualdad ante la ley por sobre toda otra consideración que no haga al bien común puesto en riesgo.
LA CUESTION
EN RAFAELA

Las comunidades de base en la democracia republicana no quedan al margen de lo que ocurre y se manifiesta en las administraciones centrales. Es decir, nación y provincias, y en orden descendente, municipales y comunales. La antigüedad de la cuestión revela la permanencia de prácticas reiteradas en sustancia, como también expone la derrota del orden político que debería asegurar la transparencia de los actos de gobierno en un todo.
De modo particular, cabe referirse al papel central que, en este orden de cosas, le corresponde desempeñar al Concejo Municipal como obligado contralor de los actos del Ejecutivo. Por naturaleza del compromiso como representante del pueblo, la diversidad de pensamiento de su composición no debería obstar cuando del destino de los recursos aportados al erario se trate.
En Rafaela es conocido un proyecto presentado hace tiempo en el Concejo con el fin de viabilizar la inquietud declarada. La normativa propuesta se encuentra en tratamiento, desconociéndose el estado actual del proceso en definición. Concretamente se trata de la creación de un órgano dependiente del Cuerpo legislativo con capacidad, en orden a la finalidad que se persigue, de realizar auditorías por sí o terceros. No obstante la significación republicana del proyecto, su destino, tal como se muestra la gestión, permanece abierto a un debate que, atendiendo al carácter de un Cuerpo colegiado sujeto a reglas democráticas, no debiera demorarse. Lo contrario puede dar pie a consideraciones equívocas en desmedro de los poderes comprendidos. La credibilidad de las instituciones públicas, notoriamente deteriorada, debe afirmarse y consolidarse. Cuenta de por medio el respeto que merece la ciudadanía contribuyente.

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