Propuesta en danza

Editorial 23 de julio Por
Lla Provincia, sin diferencias de colores políticos, está al aguardo de la respuesta de la Nación.

Como pocas veces sucedió antes, en esta ocasión se alinearon el oficialismo de la provincia de Santa Fe y todo el arco opositor, como no podía ser de otra manera, para sostener la propuesta del cobro de la acreencia que nuestra Provincia mantiene con la Nación, tal cual lo dispuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando a fines de 2015 resolvió que se debía pagarle a Santa Fe, Córdoba y San Luis -las únicas tres que no habían refrendado la ley de ceder el 15% de coparticipación- lo acumulado en todos esos años, que para el caso de nuestra provincia significaba entonces unos 23.000 millones de pesos, los que de acuerdo a intereses y actualizaciones se elevó ahora a 49.000 millones, en este caso refiriendo números redondos.
La propuesta difundida por el gobernador Miguel Lifschitz y sus ministros más inmediatos, entre los que proporcionó explicaciones sobre el manejo financiero el titular de Economía, Gonzalo Saglione, fue estructurada dentro de una perspectiva de accesibilidad, para que la Nación la analice entonces desde ese razonamiento, aún conociéndose que estamos viviendo un tiempo de escasa disponibilidad de recursos. Es así que concretamente, se propuso cobrar 15.000 millones iniciales en efectivo, a pagar en 24 cuotas durante los años 2018 y 2019 a razón de 625 millones cada una, en tanto el resto de 34.000 millones en títulos públicos, pudiendo ser estos escalonados en vencimientos hasta 40 años de plazo, aunque bajo la condición que sean de circulación en el mercado internacional, lo que permitirá su negociación en caso de así ser resuelto con posterioridad.
Dentro de este dibujo financiero, está estipulado que el 13,4% de la masa dineraria sea distribuida entre municipalidades y comunas, razón por la que a Rafaela le correspondería una coparticipación de 176 millones de pesos, de los cuales 41 millones pasarían directamente al Promudi y de allí ir derivándolos al municipio local para financiamiento de obras o adquisición de equipamiento. El resto, al igual que en la propuesta a la Nación, se recibiría en títulos públicos nacionales, también con la posibilidad de negociarlos anticipadamente a su vencimiento.
Ahora se está al aguardo de la decisión de la Nación, confiándose en que la propuesta es accesible y habiéndose ofrecido por lo tanto una vía directa para darle un corte final, aunque sabido es que los recursos en esta época son sumamente escasos y deben por lo tanto administrarse más que razonablemente, lo que también es cierto no siempre sucede. Este además se trata de un caso especial pues aquí no constituye una innovación, tampoco un nuevo programa, sino una deuda que debe ser honrada como corresponde.
Existe también, y así lo han dejado entrever algunos analistas de esta propuesta santafesina, una diferente óptica respecto al tiempo elegido para hacer llegar la proposición, es decir, en plena campaña electoral, donde bien puede ser dejada de lado esa situación -como debería ser-, o en cambio ser tenida en cuenta como motivo de influencia en la disputa que se presentará en la Provincia, entre las nóminas de candidatos a diputado nacional. Justamente, por este último motivo, recientemente se han observado cruces bastante fuertes entre miembros del gobierno provincial y el nacional, no constituyendo el mejor escenario para favorecer la aceptación de la propuesta financiera para el pago de tan abultada deuda, aunque reiteramos, la sensatez indicaría que estos fogonazos de corte electoralista, no deberían ser considerados al momento de las decisiones. 
Algo para remarcar, es que esta solicitud si bien fue elaborada por el gobierno santafesino, dado el amplio respaldo que tuvo de todo el arco político provincial, debe ser considerada como integral de la provincia de Santa Fe, lo que debe ser interpretado como una actitud de neto corte federal. Postura que deberá tomarse como molde para muchas otras inquietudes que, a veces, suelen diluirse debido a las diferencias políticos o intereses difusos que van a contramano del bien común, e incluso en alguna ocasión opuesto al sentido común.
Lo que resta en consecuencia, es aguardar la respuesta desde la Nación.





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