Pobreza: reformas y no sólo alarma

Notas de Opinión 24 de junio Por
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Por Fernando Marengo (*)

Hace años que cada vez que se publica una nueva cifra de pobreza, los argentinos reaccionamos de la misma forma: nos alarmamos, nos escandalizamos y la opinión pública interpela a la dirigencia política (aunque no necesariamente modificamos nuestros pensamientos ni la forma de encarar este flagelo). El hecho de que uno de cada tres habitantes del país sea pobre, o -quizás peor aún que 9 de cada 10 grupos familiares perciban ingresos inferiores a los 40 mil pesos por mes –menos de 2.500 dólares mensuales-, muestran a las claras que el principal desafío para las próximas décadas (y generaciones) es bajar la pobreza.
Oportunamente propuse un ejercicio en términos exclusivamente económicos respecto del desafío que supone reducir la pobreza a un dígito, aún sabiendo que esta tarea es multidisciplinaria, y que abarca muchos más factores que exceden lo estrictamente económico. En ese ejercicio concluimos que, si se mantiene la actual distribución del ingreso, bajar la pobreza exige duplicar el nivel de ingreso por habitante. El tiempo que insuma esta tarea dependerá de lo que ocurra con la inversión y la productividad. Obviamente, para lograrlo ambas deben tener un desempeño superior al de los últimos 70 años. La comparación contra nuestra propia historia sólo agiganta el desafío.
La inversión es el componente más volátil de la economía porque depende de que la expectativa de rendimiento compense el riesgo asumido. Es decir, que combina aspectos financieros (tasa de retorno) con otros campos que son tan amplios que incluyen desde aspectos propios del negocio hasta fenómenos estructurales del país. Se pueden mencionar como factores determinantes de la inversión los riesgos institucionales, la gobernabilidad, el funcionamiento de la justicia, la ética y el cumplimiento de la ley; también el marco competitivo de la inversión, los niveles de educación de la población, e incluso la existencia de políticas económicas sustentables.
Además de brindar incentivos adecuados para la inversión, la Argentina debe preparar el terreno para recibir esos fondos. Los niveles de inversión para bajar la pobreza son tan elevados que es esencial desarrollar un mercado de capitales local basado en el ahorro doméstico. Teóricamente, se podría intentar financiar toda la inversión en los mercados internacionales de capitales, pero en la práctica eso es imposible. Los elevados niveles de desequilibrio externo en los cuales incurriría la economía terminarían afectando el financiamiento externo más temprano que tarde, interrumpiendo el proceso de inversión antes de que pueda madurar.Junto con la inversión se ha dicho que el país debe trabajar en mejorar su productividad. Para analizar la competitividad, es muy útil analizar el trabajo que desarrolla anualmente el Foro Económico Mundial, al relevar 113 indicadores para 138 países, para elaborar el Índice de Competitividad Global. En la última medición, Argentina ocupó la posición 104, en niveles similares a Nicaragua y El Salvador. Los países mejor posicionados de la región fueron Chile (33), México (51), Colombia (61), Perú (67) y Uruguay (73). Detrás de Argentina sólo se ubicaron Paraguay, Bolivia y Venezuela.
La Argentina tuvo un desempeño regular en prácticamente todos los indicadores que integran el índice; y sólo en 3 se ubica en el mejor 10 por ciento de las 138 naciones: casos de malaria, impacto de la malaria en los negocios y matrícula en escuela primaria. En este último caso, si tomáramos en cuenta la calificación obtenida en la última prueba internacional de educación PISA -antes de ser excluidos-, veríamos que los rendimientos académicos nos ubican en el último 10 por ciento. Ahora bien, si enfocamos el análisis en los 25 indicadores en los cuales el país registra calificaciones que lo posicionan en el “peor” 10 por ciento, se observan tres grandes temáticas: funcionamiento y política del Estado, grado de apertura de la economía y flexibilidad del mercado laboral.
En resumen, el gasto público es elevado e ineficiente, está asociado a una elevada presión tributaria, que afecta negativamente los incentivos para invertir; la implementación de políticas públicas no es transparente, y la población desconfía de los políticos.

(*) Economista.

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