¿Despertará el Congreso?

Suplemento Rural 16 de marzo Por
El sector agropecuario carece de leyes fundamentales para su despegue.
Por Susana Merlo (*)

La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, si bien en los últimos años sirvió, básicamente, sólo para hacer marketing de lo actuado por el Poder Ejecutivo en el año anterior, en realidad, tiene como objetivo que la máxima autoridad del país presente su plan anual y, básicamente pone en marcha el período Ordinario, el más importante del año en el que los legisladores nacionales tendrán la responsabilidad de sancionar, corregir y/o derogar las leyes que luego regirán en todos los aspectos del país y sus habitantes.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, las nuevas leyes que se sancionan son comparativamente pocas y, más aún, en su mayoría corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo. Es poco el trabajo en el Congreso frente a las necesidades que urgen para poner en marcha el país. Ni siquiera se corrigen o adaptan las leyes que quedaron atrasadas frente a novedades tecnológicas, acuerdos posteriores a su sanción o, sencillamente, por el paso del tiempo.
Para el sector agropecuario, que viene careciendo de leyes fundamentales para su despegue, la falta de "sugerencias" oficiales durante el 2016 también pesó adicionalmente sobre la inactividad. Hubo, sin embargo, algo más de movimiento en la Comisión, pero casi no se aprobaron leyes.
¿Qué se espera entonces para este año? Mínimamente que cambie la tendencia, que Agroindustria aporte al menos, algún proyecto de ley (y no sólo parches), y que los diputados y senadores que representan a las provincias, hagan lo propio con los temas más acuciantes para cada una de ellas.
Obvio que el tema central y la madre de todas las batallas se da en torno al Presupuesto que, normalmente, se debe discutir en el segundo semestre, y corresponderá al año siguiente. En general, el campo le presta poca atención al tema y, sin embargo, es allí por donde se "cuelan " algunos de los principales problemas. Se sacan partidas, se suspenden obras, se reorientan fondos, etc., etc., que luego de la sanción ya es muy tarde para corregir. Así, por ejemplo se perdió la especificidad del Fondo Hídrico que se había creado "sólo" para las obras que impidan o atenúen los daños por excesos de agua, o "desaparecieron" dos veces, los fondos que se debían destinar al Puente Reconquista-Goya, en la época de Roberto Lavagna al frente de Economía y que iba a recortar sensiblemente los fletes del Mercosur en esa región.
Pero al margen de esto, hay muchos otros temas que están esperando que el Congreso "se ponga las pilas". Para el campo, por caso, es clave que se sancione la ley de corrección de suelos (que permitirá desgravar de Ganancias, los fondos que se utilicen para fertilización) o una nueva ley de Emergencia Agropecuaria que no sea un salvavidas de plomo como la actual. Una pieza clave en este sentido, es también la Ley de Seguros Agrícolas que permitiría que los afectados por desastres como los incendios de diciembre pasado, el granizo, los tornados, o las inundaciones, cuenten con liquidez como para poder seguir adelante, y seguramente, eso implicaría para el Estado, montos aún menores que los que hoy se destinan a Emergencias que no sirven.
La lechería y la fruticultura, siguen en compás de espera, igual que la remanida Ley de Semillas, tan reclamada en el exterior por su incidencia en el reconocimiento de patentes y propiedad intelectual, temas a los que los inversores externos le prestan mucha atención. Algo similar ocurre con la mal llamada Ley de Extranjerización de la Tierra, directamente inconstitucional, ya que se contrapone al Artículo 20 de la Constitución Nacional, que directamente se debe derogar (aunque el "parche" que le hicieron haya solucionado en parte los problemas que causaba).
No hace falta decir que falta la ley que "elimine" las retenciones, que hasta ahora sólo se recortaron a 0% en la mayoría de los productos del campo, pero que podrían volver con la sola decisión del funcionario de turno excepto, claro está, que se las elimine por ley (como hizo, entre otros, Uruguay) y esa atribución sobre los impuestos la tiene el Congreso. Algo similar ocurre con la imprescindible autorización para poder actualizar los montos de Ganancias, desfasados a partir de la inflación de los últimos años, o las amortizaciones automáticas, etc. Es muchísimo el trabajo acumulado después de una década y media de un Poder Legislativo absolutamente politizado y puesto sólo al servicio del Ejecutivo y no de las provincias y los sectores que se supone que debe proteger por medio de las leyes necesarias y que después, naturalmente, deberá observar que se cumplan.
Y tal vez, para empezar, los legisladores deberían exigir el cumplimiento de la Ley de Ministerios, absolutamente excedida tanto en este Gobierno como en el anterior, y que es una de las causas del imparable gasto público. Caso contrario, se debería corregir ampliándola, para quedar "dentro" de la ley, con los actuales 23 Ministerios. Evidentemente el campo necesita del trabajo a full del Congreso, lo que no se sabe es si está la decisión (y vocación) de hacerlo o se volverá a repetir un "año político", en el que lo único que importa son las elecciones.


(*) Periodista especializada. Productora.

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