Argentina potencia

Notas de Opinión 09/03/2017 Por
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Más allá de si pudo ser potencia, tal como se supone que es un país colocado en ese rango, una cosa sí pudimos ser: un país respetuoso de la ley consensuada en libertad, conforme el principio de igualdad respecto de derechos y garantías que reconoce la Constitución. Sobre esa base descansaría el orden necesario para la consolidación de un Estado lo suficientemente sólido institucional y políticamente, capaz de asegurar la indispensable confianza interna en las relaciones de partes. Nada más ni nada menos que lo necesario para construir y afirmar un desarrollo armónico y compartido.
En realidad, nada utópico como para pretender la inexistencia de conflictos, y menos en lo social y económico. Solo lo esencial: que nada hubiere que no pudiera enfrentarse y dirimirse dentro del orden institucional y la prevalencia de la Justicia como rectora y custodia de la ley.
Todo eso, y la consecuente posibilidad de mejorar y avanzar evitando escollos, inevitables en el andar de toda organización humana, nos fue posible a los argentinos. Nada se oponía a ello, y sin embargo tropezamos y rodamos. Sin necesidad de hurgar demasiado en el pasado -no tan lejano, por otra parte- para refrescar la memoria, en el plano general de los hechos; en ese recorrido decadente que no puede negarse por lo prolífico en evidencias incontrastables, debe admitirse la existencia del factor que lo explica: la pérdida de toda perspectiva de nación integrada social y políticamente, de lo que devino el debilitamiento del orden institucional y el quiebre, por demás evidente, de frenos éticos y morales en prácticas individuales y corporativas.
Sumidos en la incertidumbre, los argentinos continuamos, en apreciable medida, en el estado a que nos condujo la desgraciada experiencia que lleva décadas, incluida la “ganada”. Nada en el fondo ha cambiado, ni cambiará mayormente, es posible, de no mediar un cambio que modifique estructuralmente la realidad construida en los años de los saqueos sistematizados y de la burla permanente del orden constitucional para asegurarse impunidad. No es aventurada la suposición de que este punto es el eje de la estrategia desestabilizadora que está a la vista, no la hipócrita fachada de la oratoria impulsora de la lucha por los derechos humanos. Que para tantos poco importan. Porque nada hay que impida suponer que la corrupción en la obra pública, como en otros órdenes, fuera posible sin la participación de terceros, apolíticos entretenidos en sus propios intereses.
En todo caso, una cosa debe quedar en claro: no habrá camino alternativo al que transitamos sin sanciones ejemplares a los responsables del colosal latrocinio, virtualmente institucionalizado, que perpetraron en perjuicio de la República. No lo habrá en tanto no quede asegurado el principio de igualdad ante la Ley. La indispensable “potencia” para ser otro país.




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