¿Vacaciones de privilegio?

Notas de Opinión 11/01/2017 Por
Los funcionarios del Poder Judicial se ven beneficiados por un receso de 45 días anuales: 15 durante las vacaciones de invierno y 30 durante todo enero.
Por Torcuato Sozio (*)

Desde hace algunos años, la organización FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia) viene analizando minuciosamente las negativas consecuencias que comportan para el Sistema de Justicia de la Nación, las extensas vacaciones que el Poder Judicial se atribuye. Algunos de los datos que la organización viene denunciando públicamente son tan impactantes que resulta inexplicable y hasta escandalosa la persistencia de la situación año tras año. La razón es, por desgracia, simple y absolutamente inaceptable: “¿Cómo el cuerpo legislativo o el poder ejecutivo podrían enfrentarse, al menos sin grandes costes en su perjuicio, a la anquilosada corporación judicial?”. Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra nuestra Constitución Nacional, la Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios excesivos, exención de impuestos y unas privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública.
Veamos algunos datos significativos aportados por la organización FORES. Los funcionarios del Poder Judicial se ven beneficiados por un receso de 45 días anuales: 15 durante las vacaciones de invierno y 30 durante todo enero. La feria judicial implica así una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector. El sistema de Justicia, si se contabilizan feriados y ferias, funciona sólo 190 días al año. Si a ello sumamos que, en dicho Poder, se trabajan 6 horas diarias, el resultado comparativo con otros sectores del Estado es de 132 jornadas. Cabe resaltar que, en las demás áreas de la administración pública, el total es de 165 días, y 231 días en el sector privado. En una semana de feria judicial, se pierden medio millón de horas hombre a razón de seis horas de trabajo diarias, lo que equivaldría a 420 empleados en funciones durante todo un año.
Si se agregara tan sólo una hora más de trabajo a cada uno de los más de 18.500 empleados del poder judicial por los 220 días laborables estimados para un año judicial razonable, resultaría un total de 4 millones de horas hombre, es decir, un aporte de 3.030 empleados extra trabajando durante todo el año.
Cabe mencionar que esta situación que se describe detalladamente no se repite del mismo modo en todas las otras provincias de la Argentina: en Río Negro, por ejemplo, por un lado se obliga a fichar tarjeta a sus empleados y, por otro, se impone a los jueces cumplir dos horas extra por la tarde. En Córdoba, se cumplen 45 horas semanales, con posibilidad de extenderlas a más horas, si es que el servicio lo requiere. Otros tribunales superiores de provincia dispusieron reducir a la mitad o, directamente, eliminar la feria en caso de que se trate de juzgados con atraso en el despacho.
Por el contrario, en las demás provincias, salvo habilitaciones especiales sumamente restringidas, la larga feria impacta negativamente en el desempeño de la Justicia, congelando todo tipo de acciones judiciales que pueden ser de primera necesidad para gran cantidad de ciudadanos, perjudicados en distintas cuestiones, como por ejemplo: penales, laborales, de familia, económicas, de salud.
Parece que el actual Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, estaría estudiando una alternativa a este largo receso judicial, en el marco de las propuestas del programa oficial denominado Justicia 2020. Evidentemente, el Gobierno por sí solo, con la debilidad política que aún no ha conseguido resolver en el Congreso de la Nación, no podrá garantizar una solución a este asunto. Dadas las circunstancias, resulta fundamental que los mismos abogados, y los propios jueces, asumamos con compromiso los fundamentos del ejercicio de la profesión y hagamos Justicia durante todo el año.
Es claro que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de "Acceso a la Justicia para todos los ciudadanos"; así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución Nacional y todos los derechos que de ella se derivan, tal como lo expresa el Artículo 116 de nuestra Carta Magna. Es hora de abogar por cambiar esta situación, simplemente, porque así lo merecemos quienes vivimos en este país. Porque después de todo, ¿con qué autoridad puede pausarse un deber tan relevante para la vida en democracia como es el buen funcionamiento del sistema de Justicia? (Publicado en Clarín).

 (*) El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles.


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