También se resolvió días pasados la constitución del Consejo de Fiscalización, recayendo la responsabilidad en los presidentes comunales Gonzalo Aira de San Vicente, Fabio Barbero de Ramona y Adrián Sola de Tacural, cuyo objetivo será el de revisar las cuentas, auditar al organismo y todo lo relativo a las tareas de control y transparencia, lo cual contribuirá para afianzar la marcha del nuevo organismo.
La finalidad de este Ente que funcionará en forma conjunta y armónica -así se confía- entre la Provincia y todas las ciudades y pueblos que lo integran, cobija miradas hacia el mediano y largo plazo, pretendiéndose su consolidación como manera de trabajo por encima de las circunstanciales coyunturas políticas, que tantas veces suelen convertirse en obstáculos más difíciles de superar que los realmente complicados. Se trata sin dudas de un mecanismo de avanzada en la forma de gobernar, tomando el modelo y experiencias que existen en el mundo desarrollado, siendo una razón de mucho peso y significación para los organismos multilaterales de crédito, lo cual les adjudicará una sensible ventaja a los proyectos que se generen desde aquí y que busquen financiación en el mundo.
En ocasión de su anuncio, siguiendo lo ya acontecido con anterioridad con las áreas metropolitanas Gran Rosario y Gran Santa Fe, siendo Gran Rafaela la tercera de la provincia y ubicando a la bota santafesina en situación de vanguardia, el intendente Castellano había sostenido “abre una ventana al futuro de una manera diferencial y potencia a nuestra región y a nuestra área metropolitana de una manera especial”, mientras que Toselli, el intendente de la otra ciudad del Area en cuestión, dijo “lo que suscribimos hoy ratifica una situación de hecho que existía y que nos tiene que llevar a trabajar de manera organizada y con mucha más confianza, que es un valor fundamental para poder avanzar. Cuanto más solidarios seamos cada uno de nosotros en representación de nuestras comunidades, más nos vamos a beneficiar de este trabajo conjunto”.
La ley provincial correspondiente, que dio marco normativo a esta iniciativa, define como área metropolitana a toda una unidad geográfica constituida por una ciudad central y las ciudades o comunas circundantes, entre las que se mantienen estrechas vinculaciones de orden físico, económico, social y cultural, y cuyos gobiernos locales manifiestan la voluntad de organizarse a través de un órgano de coordinación.