El juez Oliva decide ahora si los abuelos de Maxi siguen detenidos

Policiales 17 de diciembre Por
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FOTO LA OPINION APELACION. El camarista Juan Manuel Oliva y personal de Trata de personas resumen lo vivido ayer.
FOTO LA OPINION APELACION. El camarista Juan Manuel Oliva y personal de Trata de personas resumen lo vivido ayer.
A partir de las 9:30 de la mañana de ayer se realizó en Tribunales una audiencia de apelación a la prisión preventiva en la causa “Sayago, Patricia y Malagueño, Ariel sobre sustracción de persona menor de edad”. 
Es decir, sobre la desaparición del niño Maxi Sosa, de 3 años en Ceres, del cual nada más se supo sobre él, siendo que el próximo 21 de diciembre se cumple un año de su desaparición.
Recordemos que por el hecho están imputados con prisión preventiva su abuela Patricia Sayago y su pareja Ariel Malagueño, acusados ambos de haber sustraido a Maxi; y Sayago afronta una segunda causa por el delito de falsa denuncia.
Luego de que el juez de IPP José Luis García Troiano dictara prisión preventiva a los imputados el 1 de agosto de este año, los abogados defensores de Sayago -Aníbal Caula, defensor público- y de Malagueño -Enrique Muller y Rodolfo Zanassi, privados, de Santa Fe- resolvieron apelar la prisión preventiva de sus defendidos, en segunda instancia, ante el representante de la Cámara Penal local, Dr. Juan Manuel Oliva, lo cual se concretó ayer en audiencia oral y pública, con la presencia de los fiscales del MPA Hemilce Fissore y Diego Vigo.
En la instancia de la víspera la Defensa solicitó enfáticamente la libertad de los detenidos Sayago y Malagueño, luego de que descalificase lo ocurrido en primera instancia diciendo que el juez García Troiano, por ejemplo, no dijo cuáles son las contradicciones de Sayago sino que las consideró de manera genérica.

LA ESCUCHA
TELEFONICA
La defensa cuestionó además la piedra fundamental de la imputación, es decir la controvertida escucha telefónica donde se escucha la frase: “Están por bañar a Maxi” siendo que las dos transcripciones hechas coinciden en la palabra "Maxi".
La primera transcripción fue realizada por la Dirección de Trata de Personas y la segunda por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina. Según la defensa lo que se escucha es la doméstica frase de “-Ma... si!”, lo cual fue objetado decididamente por los fiscales.
La fiscal Fissore dijo que, “Maxi, no es una cuestión de conjugación de verbos, sino que ese término es el del niño que buscamos hace un año. Está comprobada la palabra 'Maxi'”, dijo.
Fissore agregó que la intervención telefónica del 26 de junio pasado, “fue la punta del iceberg en la investigación. En la escucha claramente Malagueño dice: 'Están por bañar a Maxi'. De los informes de las empresas telefónicas surge que Sayago habla desde Ceres y Malagueño desde Montefiore. Este audio fue reproducido a [la mamá de Maxi] Daniela Sosa y ella también escucha el nombre Maxi al ser oído”.
La Defensa objetó además la segunda prueba importante en este caso: un pantaloncito corto encontrado en Montefiore, el poblado donde se presume Maxi habría estado oculto por su abuela y su pareja. “El pantalón -siguió la fiscal Fissore- lo dice su mamá y su abuelo, que se lo había regalado, pertenece a Maxi Sosa. Y era corto porque desapareció en diciembre”.
Cerró estas cuestiones el fiscal Vigo: “Se escucha claramente la palabra 'Maxi' y el pantaloncito encontrado en el chalecito de Montefiore corresponde a Maxi ya que fue reconocido por la madre del menor”.
La Fiscalía anticipó también que posee nueva carga probatoria, “suficiente para sostener y agravar la imputación” -que no se permitió sea exhibida en la víspera- y redondeó: “A Maxi se lo vio en Montefiore y de esto hay pruebas suficientes”. Sobre esto Vigo subrayó que, allí en Montefiore, “Maxi habría sido escondido por su abuela durante 7 meses”.
La defensa adujo también que no existe peligro de fuga de los detenidos ya que es “una familia con arraigo, trabajo y no existen posibilidades de fuga”, que “ningún testigo denunció coacciones”, y que “los imputados no podrían entorpecer la labor probatoria”.
Alegó asimismo que estarían dispuestos a considerar medidas alternativas como el pago de fianza, o que Malagueño pueda realizar trabajos en la comuna de Montefiore donde es chofer de una ambulancia. Los letrados Muller y Zanassi adelantaron además que prevén usar todos los recursos previstos en el caso de que este fallo sea negativo: recurrir a la Corte Suprema provincial o nacional.
Por supuesto que la Fiscalía opinó exactamente lo contrario: que la libertad de la pareja traería entorpecimiento probatorio, peligro de fuga y coacciones a los testigos: “La libertad de los imputados pone en peligro la producción de pruebas para el caso”, señalaron los fiscales.

AL FUERO
FEDERAL
Además, Hemilce Fissore pidió que la causa pase al fuero federal por ser un delito de Trata de personas, ya que los imputados “actuaron dolosamente” y que “estamos ante un delito federal aún sin tener en cuenta la nueva evidencia recolectada”, señaló.
Las penas mínimas por este delito son de cinco años, y en la Justicia Federal de diez años. La calificación legal sería: “Trata de personas calificada por el medio, por la edad de la víctima y por el vínculo”.
Ahora el juez Juan Manuel Oliva deberá fallar si resuelve continuar con la prisión preventiva de Sayago y Malagueño, o bien revocarla y dejar a ambos en libertad. Para ello cuenta con unos pocos días a partir de la audiencia de ayer, momento en el cual notificará por escrito a las partes.

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