La reforma electoral se derrumbó en el Senado

Nacionales 25/11/2016
En el 2017, las elecciones nacionales se llevarán a cabo con la boleta de papel y no con el voto electrónico como pretendía el Gobierno nacional.
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FOTO NA ENCUENTRO. Senadores del PJ-Frente para la Victoria, entre ellos el rafaelino Perotti, junto a gobernadores peronistas.
BUENOS AIRES, 25 (NA). - La reforma electoral impulsada por el Gobierno para instaurar la Boleta Unica Electrónica (BUE) a partir de las próximas elecciones legislativas finalmente se derrumbó ayer en el Senado, luego de que el bloque de senadores del PJ-FPV decidiera junto a los gobernadores peronistas darle la espalda al proyecto.
En una cumbre que se desarrolló en el despacho de la presidencia del bloque, en el segundo piso del Senado, la mayoría de los gobernadores se expresó en contra del proyecto que, entre otros puntos, reemplazaba la tradicional boleta de papel, por lo que sin el apoyo de los senadores del PJ-FPV el oficialismo se quedó sin posibilidades de firmar dictamen este año.
La bancada que encabeza Miguel Angel Pichetto emitió un comunicado en el que expresó que "seguirá analizando" la iniciativa girada por la Casa Rosada y que había sido aprobada por Diputados, aunque fuentes que participaron de la reunión señalaron a NA que hubo una amplia mayoría de gobernadores y senadores que se expresó en contra del proyecto, aún con las modificaciones que habían propuesto el bonaerense Juan Manuel Abal Medina y el santafesino Omar Perotti.
La suspensión del debate en torno a la reforma electoral determinó que en las elecciones legislativas de 2017 se continúe utilizando las clásicas boletas de papel, por lo cual había fuerte malestar en la Cámara Nacional Electoral.
En el transcurso de la tarde se terminó de confirmar esa versión cuando se informó la suspensión del plenario de comisiones en el que se venía desarrollando el debate hace semanas y en el bloque de senadores admitieron a NA que "no hay plazo determinado" para "seguir analizando" la iniciativa, como indicó el comunicado.
Al encuentro asistieron los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de La Rioja, Sergio Casas; de Catamarca, Lucía Corpacci; de San Juan, Sergio Uñac, y de La Pampa, Carlos Verna, quien integra el PJ pero no adscribe al Frente para la Victoria.
También estuvieron los vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo González, y de Santiago del Estero, José Neder; el secretario general de la Gobernación de Chaco, Horacio Rey; el presidente del PJ, José Luis Gioja, y casi todo el bloque de senadores, que tuvo sólo cuatro ausentes.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los únicos mandatarios provinciales que se pronunciaron a favor de darle dictamen al proyecto fueron Bertone y Bordet, mientras que el resto manifestó su rechazo, con Insfrán y Verna a la cabeza. En tanto, en el bloque de senadores ya había una mayoría en contra del proyecto, que había expresado su postura durante una reunión desarrollada el último martes por la noche, por lo que la definición de los gobernadores terminó de sellar la suerte de la reforma impulsada por el oficialismo.
Al término de la reunión, ni los gobernadores ni los senadores quisieron admitir públicamente que el debate sobre el proyecto quedaba clausurado y por esa razón emitieron un comunicado en el que simplemente afirmaron que "se seguirán analizando herramientas que permitan mejorar el sistema electoral". También expresaron allí que "se recogieron las objeciones que los expertos informáticos presentaron en las reuniones de comisión, en cuanto a la alta vulnerabilidad de algunos de los métodos electrónicos propuestos, lo cual determina la imposibilidad del apoyo al proyecto tal cual fue aprobado por Diputados".
Luego de que conociera que el proyecto había quedado trunco, fuentes del Gobierno dejaron trascender el enojo de la Casa Rosada, al afirmar que los senadores del PJ-FPV "no quieren quedar expuestos públicamente a favor de la boleta papel" y le apuntaron principalmente a Verna, Insfrán y Gioja. Sin darse por vencido, el Gobierno intentará presionar a los mandatarios provinciales.

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