Avanza la reforma del ministerio público fiscal

Nacionales 19/10/2016
ARRINCONAN A GILS CARBO
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FOTO NA REUNION./ Diego Mestre y María Gabriela Burgos.
BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Cámara de Diputados dictaminó ayer a favor de la reforma del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo impulsa, entre otros objetivos, para forzar la caducidad del mandato de la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
"Es una ley orgánica mucho mejor que la sancionada el año pasado", afirmó el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, al dar inicio al debate en el anexo de la Cámara de Diputados.
Tal como se anticipaba en la previa, el dictamen del oficialismo, que tuvo tratamiento en el plenario de las comisiones de Justicia (cabecera), Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, fue firmado por el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el GEN de Margarita Stolbizer, mientras que el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda confirmaron su rechazo.
La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales a propuesta del Poder Ejecutivo.
El dictamen definitivo que será debatido en el recinto probablemente el próximo miércoles 26 de octubre, recibió muchas modificaciones respecto del proyecto original: el cambio más importante tiene que ver con la eliminación de la figura de los subprocuradores, uno de los puntos más objetados por la oposición.
Si bien el kirchnerismo reconoció que el proyecto actual es más "ameno" que el enviado por el Poder Ejecutivo meses atrás, declinó acompañar el dictamen al evaluar que no se alteró la "intencionalidad política" de "borrar de un plumazo" a Gils Carbó.
De avanzar con la reforma, el Gobierno tendría un instrumento legal para empujar hacia el precipicio a la actual máxima autoridad de la Procuración y, en caso de no lograr forzar su renuncia anticipada, el presidente Mauricio Macri podría denegarle un segundo mandato a partir del 29 de agosto del año que viene, cuando se cumplirán los cinco años de ejercicio en el cargo desde su asunción en 2012.
De cualquier forma, la estrategia oficialista deja algunos flancos débiles que podrían dar lugar a un escenario de judicialización, ya que el proyecto no prevé una cláusula transitoria que resuelva con retroactividad el caso puntual de
Gils Carbó, quien podría alegar que su mandato de cinco años empieza a contar desde la entrada en vigor de la ley.
Otro de los objetivos de la reforma del MPF es dotar de atribuciones considerables a la recientemente creada comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal que preside la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), lo cual fue objetada por casi todo el arco opositor, que considera que se trata de una avanzada sobre la "división de poderes".
"La bicameral no solo va a poder pedir informes, sino que va a tener participación en cuanto a los traslados, a la conformación de las procuradorías especializadas, las unidades fiscales especializadas, las direcciones generales", detalló el radical Mestre.
En cuanto a los traslados, la normativa establece que los magistrados que hayan sido mudados deberán retornar a su cargo original en un plazo no mayor a 48 horas, desconociendo de esa manera todo lo actuado por Gils Carbó en esa materia.
La bicameral también tendrá en sus manos la aprobación final de los fiscales generales de distrito designados, que tendrán un mandato de dos años.
"Hay exceso de atribuciones a la comisión bicameral. En algunos casos me parece que vamos mas allá de lo que seria razonable", apuntó Stolbizer.
Otro de los frentes que cosechó más críticas fue el mecanismo contemplado para la remoción del procurador.
Si bien el dictamen firmado eliminó, a pedido de la oposición, la opción de que la solicitud de remoción pueda ser iniciada con un decreto del PEN, hubo señalamientos críticos respecto de que quede habilitada la posibilidad de requerir el inicio del procedimiento de oficio con mayoría simple de los diputados.
También se podrá pedir la remoción -que luego exigirá para hacerse efectiva de la aprobación del Senado con mayoría especial- a requerimiento de la bicameral o por impulso de cualquier interesado.
Las causales de remoción por mal desempeño detallados en el texto del predictamen incluyen, entre otros, la participación en "actividades partidarias", con lo cual el oficialismo se valdría de un fundamento para avanzar el el desplazamiento de Gils Carbó por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo.
"Debo reconocer que el proyecto que estamos tratando es mucho mas ameno que el que había enviado el PEN. Pero este bloque no se va a dejar engañar fácilmente por estos espejitos de colores porque la finalidad política sigue siendo la misma, borrar de un plumazo a Gils Carbó", afirmó la diputada del FpV-PJ María Emilia Soria.
"Si la procuradora tiene tantas falencias, ¿por qué no avanzamos en un juicio político? Tal vez no tenga tantas falencias como ustedes creen", señaló con un dejo de ironía.
A su vez, Soria consideró "insuficiente" el mandato de cinco años fijado para el procurador, y sugirió un plazo de siete años tal como el que detenta el Procurador porteño.
"Veo una mano muy oscura en todo esto. Ustedes que dijeron que iban a respetar las instituciones pero están haciendo todo lo contrario. Mi bloque no va a acompañar esta barbarie", concluyó.
Otro de los elementos novedosos que introduce la reforma es la creación del Consejo General del Ministerio Público Fiscal, el cual tendrá la función de asesor al procurador general, designar (a propuesta del procurador) a los fiscales coordinadores de distrito y a los titulares de las procuradorías especializadas,
convocar a concursos públicos de antecedentes, aprobar dichos concursos, disponer el traslado de fiscales previa aprobación de la comisión bicameral, y promover el enjuiciamiento de todos los fiscales (salvo el procurador).
Este órgano tendrá siete miembros (quienes deberán ser fiscales de carrera) y estará integrado por el Procurador General, tres fiscales generales y tres fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Tanto los fiscales generales como los fiscales "rasos" que integren el Consejo será elegidos por sorteo público y tendrán un mandato de dos años.

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