La in-Justicia

Notas de Opinión 16/10/2016
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"A los empleados en el ramo de hacienda a quienes se justificare algún fraude, cohecho o la más leve infracción en sus deberes, comprobada que sea su mala fe, sufrirán irremisiblemente la muerte". ¿Saben quién firma este decreto? Pues nada menos que el general José de San Martín, el máximo prócer de la patria, cuando en 1821 estaba a cargo del Ejecutivo y el Legislativo de Perú, ocasión en que allí se vivía un estado de beligerancia que llevaba a la desintegración.
Viene bien, en estos tiempos cuando las opiniones de algunas figuras populares como Susana Giménez, Cacho Castaña o Baby Etchecopar, entre otros, piden la pena de muerte para asesinos violadores, quienes vuelven a matar al ser liberados o tener insólitos permisos transitorios de salida por buena conducta. Polémica que reflota cada vez que se producen esta clase de truculentos episodios, como los recientes casos de víctimas que dieron muerte a sus agresores, o más aún el reciente en Mar del Plata de la bebita de 11 meses que resultó muerta luego de ser abusada sexualmente por sus padres. ¡Ley de la selva! se exclama a los cuatro vientos, y buena parte de razón tiene el concepto, sino toda, pero claro, en circunstancias en que las sanciones a los criminales sean las que correspondan. ¿Cuáles? por cierto, las que establecen las leyes. Y si no están acordes, pues que se modifiquen y ajusten a los reclamos de la gente. Acaso no es la Argentina uno de los pocos, tal vez el único país del mundo, donde la cadena perpetua es 25 años, a lo que el garantismo además le encontró tantos atenuantes que se puede salir mucho antes, buena conducta, arrepentimiento y cuestiones por el estilo. Y no hablemos de los jueces, aplican las leyes a su arbitrio, para el mismo caso unos ven negro, otros blanco, sin existencia de grises. 
La justicia falla, el legislativo falla, la policía falla, el gobierno falla, sumando todos estos factores no puede otra cosa que dar un producto nefasto, a la vista de todos.
Viene bien esta cita de San Martín al comienzo, por toda esta avalancha de corrupción que en estos últimos años kirchneristas prácticamente nos sepultó, y que sigue en constante tironeo en la Justicia, por un lado los "legítimos", por el otro los que tratan de hacer cumplir las leyes, o aunque sea parte de ellas. Siempre, en todas las cuestiones, aparece la Justicia, no decimos democratizarla como trató de hacer la ex presidenta Cristina Kirchner en un intento por colonizarla, pero llegó el momento de un cambio, algo tiene que pasar.
La gente ha tenido pronunciamientos más que fuertes en las encuestas. Según Management & Fit el 77% de 2.000 entrevistados dijo tener  "poca" (41,1%) y "nada" (35,9%) de confianza en el poder judicial. Y ni que hablar de las estadísticas, apenas el 1,5% de los casos criminales denunciados llega a un fallo judicial. Está bien que tienen buenos sueldos, que no pagan impuestos , pero veamos a los miembros de la Justicia -no todos, pero una buena parte. incluso algunos más visibles que otros, y además, cercanos- viven en mansiones, automóviles de lujo para toda la familia, propiedades, campos, negocios, cuentas en el exterior. Y eso es sólo lo que se ve, ¿se imaginan lo oculto? Por eso más de uno temblequea cuando lo apunta Lilita Carrió.
El domingo pasado cuando en el programa de Jorge Lanata se siguió avanzando con el narcotráfico en nuestra provincia, centrando el informe en Rosario, se deslizaron datos de la triste y oscura actuación de la justicia federal, siendo entrevistados dos jueces,  Uno de ellos, Vera Barros, con cierto dejo de humildad y apelando a la excusa de la carencia de elementos, hasta falta de una computadora -claro ejemplo de Justicia pobre y Corte Suprema rica, que tiene 11.000 millones de reserva-, con dificultades, pero salió medianamente airoso, pero en cambio Marcelo Bailaque, con sus respuestas daba vergüenza ajena, tratando de justificarse cuando sus propias palabras lo dejaban claramente expuesto, más agravado aún cuando se supo
que este magistrado había realizado la primera intervención judicial contra la banda Los Monos el 28 de diciembre de 2015, cuando la misma venía actuando -y ahora se entiende más la cuestión- desde unos diez años antes. El diputado Del Frade, por la coincidencia de la fecha, llegó a calificarlo como "una broma de los inocentes a los rosarinos". Sin embargo, este fue el juez que habló de respuestas editadas y relato pensado.
"Cristina no irá presa", lo mismo que una vez había dicho el juez Casanello que la estaba investigando, ahora lo dijo el propio ministro de Justicia, Germán Garavano. Es cierto, aclaró que "no están dadas las condiciones jurídicas", pero no son oportunas ni mucho menos relevantes esta clase de apreciaciones. Después todo el mundo especula que el gobierno no la quiere presa a la ex presidenta porque la prefiere participando en las elecciones legislativas de 2017, y se quejan de apreciaciones, que a la vez fomenta. Si llega a ser realidad, que no la meterán presa porque la quieren candidata para dividir al peronismo, entonces, bueno, vayamos olvidando el cambio. Será para otra vez, como tantas frustraciones hemos ido acumulando.
Más allá de toda esta permanente convulsión que nos asfixia, que este domingo sea el más feliz para todas las madres, y para aquellas ya ausentes, el más cálido homenaje del recuerdo.





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