Para el Municipio, la subasta fue inevitable

Locales 14/10/2016
PREDIO DE LA CALESITA
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FOTO ARCHIVO GALOPPO./ El Fiscal defendió el rol de la Municipalidad.
Tras las críticas recibidas durante la sesión extraordinaria del miércoles, el Municipio salió a defender su rol en torno al destino del Predio de la Calesita y aseguró que no hubo posibilidades legales de realizar gestiones similares a las realizadas para la obtención de otros terrenos como el parque Apadir y el predio de la Medialuna.
El fiscal municipal, Daniel Galoppo, uno de los funcionarios a los que se dirigieron las críticas de la oposición, salió a dar explicaciones sobre el tema y consideró que todo el proceso realizado hasta llegar a la subasta contó con el sustento legal correspondiente, restándole al Municipio mayor margen de acción. 
"Todo lo que se hizo dentro del expediente de la 30 de Agosto, fue un proceso totalmente regular y controlado. Por el juez Ramonda, por la jueza Alvarez Tremea que intervino posteriormente, y siempre estuvo ajustado a derecho, no hubo ninguna cuestión fuera de la normativa que se aplica en estos casos. Sobre el proceso jurídico, no hay nada que cuestionar", sostuvo el Fiscal Municipal.
Cabe recordar que el lote ubicado en la intersección de Av. Roque Sáenz Peña y 1º de Mayo, fue vendido por el Estado Nacional a la cooperativa 30 de Agosto, específicamente para la instalación de silos, y gracias a una ley que promovía la instalación de plantas acopiadoras de cereales al costado de las vías, para favorecer las tareas de carga y descarga. 
Tras la crisis de la firma, la Municipalidad intervino en el lugar, teniendo en cuenta su estado de abandono. Para evitar el constante pedido de órdenes de allanamiento, para limpiar y desmalezar, el juez accedió a ceder en comodato el predio.
"Cuando Ramonda nos cede el terreno, la Municipalidad lo cerca, tapa unos huecos que había en el lugar donde estaban los silos, y lo utiliza para diversas actividades como la Fiesta del Teatro o la instalación de la calesita. Pero en el año 2014, un nuevo síndico (Ernesto García) se hace cargo del concurso (de acreedores). Y lo que hace es plantear ante la jueza, la necesidad de que revoque el comodato con la Municipalidad, porque consideraba que era nula la transferencia del goce y uso a la Municipalidad, por considerar que este bien está dentro de la masa de bienes que conforma la garantía de los proveedores. Y que, por lo tanto, no se podía cederlo a un tercero. Y pidió que el comodato quedara sin efecto y se proceda a la subasta", explicó Galoppo. 
Durante el proceso de subasta, el Fiscal señaló que desde la Justicia se inició un oficio ante el Estado Nacional, para ponerlo en conocimiento del remate. 
"Si la Dra. consideró que se podía subastar, es porque entendió que estaba todo regularmente tramitado. Pero la subasta sale, basta con leer el edicto, claramente condicionada con que se trata de un dominio imperfecto. Y advierte al que compre, que va tener esta limitación. Y que no se podrá hacer ningún reclamo sobre esto", aclaró. 
La definición dominio imperfecto hace referencia a la presencia de un terreno al que se le impuso un cargo, el de la Ley 19.076, que sólo puede ser destinado a la instalación de silos. 
Si el comprador siempre supo esta limitante, ¿por qué compró? "Quizás tiene conocimiento de que se puede lograr la liberación del cargo -admitió-. Y podrá hacer algún proyecto que, además, se ajuste a lo establecido por las ordenanzas locales para ese sector".
Finalmente, hizo referencia a las críticas emitidas desde el Concejo. "Ayer se habló comparando este predio con el de Apadir, y hay que aclarar que lo que dijo Lisandro (Mársico) no tiene vinculación. Son dos inmuebles con origen totalmente diferente. No es lo mismo. La Municipalidad no podría gestionar ese predio a través de la ley de transferencia del Estado, que salió en el año 1994, por la cual se transfirió el predio de Apadir, el predio de la Medialuna. Pero este terreno, el de la 30 de Agosto, no. Porque no era un terreno del Estado Nacional". 
La ley a la que hizo referencia el Fiscal, tuvo vigencia hasta el año 2003. A partir de ese año, no se pudo más gestionar ante el Estado Nacional la transferencia de terrenos. Tuvo vigencia hasta el año 1997, se prorrogó hasta el 2000, luego hasta el 2003 y ahí quedó sin efecto. 
¿El Municipio podría haber planteado al Gobierno Nacional que recupere el predio y después gestionar la donación, antes de que esa ley caducara? "Yo creo que no se hubiese logrado. El Estado Nacional podría haber expropiado como lo podría hacer ahora con cualquier otro terreno. Esto no es distinto al resto. Este era un predio de un particular", concluyó Galoppo.

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