La espasmódica lucha contra la inseguridad

Notas de Opinión 10/10/2016
Además de lidiar con la inflación y arreglar las distorsiones en la economía heredadas de la gestión anterior, el Gobierno debe ocuparse de la inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los argentinos.
La inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los argentinos, la provincia de Buenos Aires volverá a ser clave en las elecciones de 2017 -y en adelante- y las fuerzas federales regresarán a las zonas calientes del territorio bonaerense.
La secuencia, casi lógica, supone un cambio sobre la marcha respecto del diseño que el Gobierno nacional había realizado de la política de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y está enmarcada por urgencias políticas y fuertes internas.
Así como en los aumentos tarifarios de los servicios públicos, la Casa Rosada debió recular en la intención de que las fuerzas federales se ocupen de sus menesteres específicos como la atención de delitos federales complejos o de las fronteras. Puntualmente, de la lucha contra el narcotráfico.
En los procesadores de tendencias, imagen y prioridades del oficialismo, que capitanea el asesor presidencial Jaime Durán Barba, no pasaron por alto encuestas reveladoras de que la inseguridad volvió al tope de las prioridades argentinas. Así fue prácticamente en los últimos diez años, pero durante el primer tramo de gobierno macrista la corrupción y distintas variables de una economía convaleciente habían relegado al delito a un segundo o tercer plano. Hasta que homicidios resonantes y casos de justicia por mano propia ganaron la agenda nacional.
Ejemplos: un sondeo de Raúl Aragón & Asociados indicó que para un 45,6% de los bonaerenses el principal problema es la inseguridad, seguido por la inflación (16,9%) y la desocupación (12%); mientras que otro realizado por la UADE y Voices reveló que el 79% de los argentinos no confía en la policía.

TIEMPOS VIOLENTOS 
En el Ministerio de Seguridad nacional señalan que el número de delitos se mantiene de estable a decreciente en el último año, pero cada vez son más los hechos violentos, protagonizados por asaltantes que atacan alcoholizados o drogados. Con esos datos, el macrismo volvió a tirar de la manta corta. Después de haber recibido el reclamo de varios intendentes del Conurbano -donde los casos de homicidio en ocasión de robo más que duplican a la media nacional- la gobernadora María Eugenia Vidal planteó al presidente Mauricio Macri la necesidad de que los gendarmes vuelvan al terreno de manera urgente.
Vidal viene denunciando que las policías municipales -creadas por Scioli como un trampolín hacia la Casa Rosada en el último tramo de su Gobierno- tienen múltiples falencias, pero al mismo tiempo no hay solución inmediata para el problema. La recreación del operativo Centinela que el kirchnerismo puso en marcha en 2009 -con otro nombre-, 2010 y 2013 se preparaba para fin de año, cuando las fiestas exacerban tensiones sociales y aclimata a agitadores, pero finalmente fue adelantado.
En la reunión llevada a cabo en la Casa de Gobierno quedaron expuestas las diferencias entre la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo. Son conocidos también los cortocircuitos entre la ex diputada y su número dos, Eugenio Burzaco.
La intención de Bullrich era continuar con el blindaje de las fronteras, pero el nuevo operativo busca ahora blindar a Vidal, estrella electoral macrista. La gobernadora es la dirigente con mejor imagen del país, pero su figura está expuesta en un distrito caliente, que pone en juego la mayor cantidad de bancas para el Congreso nacional y donde la oposición va a jugar cartas fuertes en 2017.
El operativo implica que unos seis mil efectivos de la Gendarmería, la Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria vuelvan al Conurbano y zonas calientes alejadas del primer cordón que bordea a la Ciudad de Buenos Aires en operativos de control o vigilancia. En el trasfondo del nuevo esquema también se encuentra el problema que la gobernadora enfrenta con la Policía Bonaerense, una fuerza en la que muchos de sus jefes se acostumbraron durante años a trabajar con "cajas negras" de recaudación.
El plan sorprendió en algún punto a los responsables de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, que habían tomado el caso Rosario y Santa Fe como un "conejillo de indias" del nuevo trabajo en el terreno bajo la conducción del macrismo.
En Santa Fe, incluso, se había hablado de la posibilidad de una intervención de la Policía provincial para que el trabajo de coordinación con las fuerzas nacionales sea más aceitado, pero el gobernador Miguel Lifschitz lo rechazó. Así, las cuatro fuerzas federales desembarcaron en Rosario sin grandes anuncios ni precisiones. Si bien los vecinos quieren ver a los gendarmes en su cuadra, la intención es concentrarse en la inteligencia criminal dentro de un distrito cuyas instituciones parecen haber sido permeadas por los narcos.
El jefe de Gobierno porteño anunció esta semana la Policía, surgida a raíz de la fusión de la Metropolitana y de los efectivos de la Federal que fueron transferidos a la órbita porteña. Allí también hay mar de fondo: unos 500 agentes que se niegan a ser transferidos de la Federal a la Porteña ya iniciaron consultas en estudios de abogados para litigar contra el Estado.
El problema es nacional, pero las fuerzas federales son finitas. Tras la llegada a Santa Fe, otros gobernadores se apuraron a pedir refuerzos como Juan Manzur (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Schiaretti (Córdoba) y Carlos Verna (La Pampa). El jefe de Gabinete y presidente bis, Marcos Peña, fue el encargado de anticipar públicamente que el cupo está agotado.

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