Sospechas sobre el espionaje

Editorial 14/07/2015
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Las funciones a cargo de los servicios secretos de un país siempre constituyen un tema sensible que se esfuerza por permanecer fuera de la agenda de la opinión pública. Debajo de la superficie se advierte una batalla constante entre los organismos de inteligencia de un Estado y el consagrado derecho a la privacidad de los ciudadanos. En estos tiempos se traspasan garantías constitucionales en nombre de la seguridad nacional y se utilizan todos los avances tecnológicos en muchas oportunidades sin respaldo judicial para reunir información sobre personas, empresas o grupos que luego puede ser bien utilizada o mal empleada que derivan en acciones extorsivas. 
El Gobierno argentino publicó la semana pasada en el Boletín Oficial las competencias que tendrá la recientemente creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reemplaza a la Secretaría de Inteligencia (SI), la cual a su vez había sucedido a la célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). 
La mayoría de los argentinos ignora cuáles son los objetivos del organismo encargado de las actividades de inteligencia. Nunca quedó claro si de su caja salió el dinero para el supuesto pago de coimas a un grupo de senadores nacionales para asegurar la aprobación de la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza. O si también financió los sobresueldos que percibieron varios ministros del gobierno de Carlos Menem, todo claro está sin registros. 
En el presupuesto 2015 la ex SIDE tiene asignados 800 millones de pesos, un 16,22% más que en 2014, año en que recibió 689 millones. En la última década, recibió más de 5.000 millones de pesos para financiar sus operaciones. ¿Qué hizo? Según un artículo publicado por el diario La Nación en mayo pasado, citando la rendición de cuentas de la SI, el organismo que reúne a los espías del gobierno pasaron de elaborar en promedio casi 4 informes por año en el 2003 a unos 143 informes de inteligencia por día en el 2004 y a 200 años después. Como ejemplo contundente sobre el mayor espionaje desplegado por la SI se menciona al año 2007 cuando se produjeron cerca de 72 mil informes. 
La flamante AFI es un intento por modernizar una agencia sospechada por extralimitarse en sus funciones, investigar sin causa a políticos, empresarios, jueces, periodistas entre otros dirigentes para luego emplear esa información sensible en extorsiones o aprietes, en el marco de una estrategia nunca visible, enigmática. A esto se suma la falta de control sobre los agentes o espías que, desbocados, utilizan ese trabajo tan particular para hacer negocios particulares con la garantía de que están fuera del foco de los organismos de control del Estado. 
De todas formas, la polémica parece seguir a la nueva AFI tras la publicación de sus nuevas funciones, como la que establece que buscará prevenir "corridas y golpes de mercado" de bancos y empresas así como también "desabastecimientos" de productos de consumo masivo. Así se desprende de la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional que el Gobierno dio a conocer el martes de la semana pasada a través del decreto 1311/15, que está acompañado de un anexo de 408 páginas. 
A partir de los antecedentes históricos, la interpretación sobre este nuevo campo de acción de los espías fue hasta el límite y se sugirió que hasta se investigarían a los compradores de dólares. El director de AFI, Oscar Parrilli, debió rápidamente aclarar que "no se investigará" a quienes compren dólares aunque sí se estará alerta a maniobras que impulsen "corridas cambiarias y golpes de mercado". Al defender el nuevo perfil de la agencia, el funcionario descartó que se vaya a realizar espionaje contra los ciudadanos argentinos y aclaró que todas las intervenciones telefónicas fueron transferidas a la Procuración General de la Nación, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. "Ahora hay inteligencia específica con terrorismo internacional, narcotráfico, trata de personas, la delincuencia económica, trafico de armas y cyberseguridad", señaló al argumentar el nuevo concepto que guiará las acciones de la AFI. En este sentido, Parrilli admitió que "antes había inteligencia delivery, cada uno hacía la inteligencia que quería" por lo que "se está dejando de lado esa vieja inteligencia que venía de la época de la dictadura y que había seguido durante los 30 años de democracia en la Argentina". 
Para ello será clave el control y la capacitación del personal. Al respecto, el jefe del organismo expresó que habrá una "férrea conducción institucional" para mayor "control" sobre las actividades de los espías. Al rechazar que se efectúen tareas de espionaje con fines políticos, subrayó que ahora "hay una estructura distinta y una ley diferente, va haber mucho más transparencia y control en todas las actividades que llevemos adelante" en el marco de la cual se buscará "cuidar y no espiar a los argentinos". 





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