Inflación y emisión

Editorial 21 de enero Por
Mientras aquí en nuestro país se insiste que la emisión monetaria no es inflacionaria, en Uruguay se hace exactamente lo contrario.
Poco tiempo atrás, el ministro de Economía Axel Kicillof había dicho que la emisión monetaria no tiene influencia alguna en la inflación. En nuestro vecino Uruguay en cambio, quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo, piensan totalmente diferente, pues según las noticias que llegan del vecino país, en el último trimestre de 2013 se desaceleró muy fuerte la emisión monetaria, pues "el Banco Central utiliza esa herramienta para combatir la inflación".
Los uruguayos llegaron a tomar esa medida "luego de dos años y medio de verificar un alza de precios minoristas por encima de la meta oficial", por lo cual el Banco Central abandonó hace un tiempo la tasa de interés como ancla monetaria, disponiendo en cambio una reducción de la emisión monetaria.
Inicialmente las autoridades económicas del Uruguay habían dispuesto para el trimestre octubre, noviembre y diciembre una expansión monetaria que anualizada llegara al 17% del circulante en manos de la gente, más el dinero en cuentas corrientes y cajas de ahorro, pero finalmente sólo se emitió un 13,5%, con el objetivo de reducir el nivel inflacionario que se estaba acercando a los dos dígitos.
Existe coincidencia prácticamente generalizada entre casi todos los economistas que la inflación es el mayor problema que tiene nuestro país, y que sin procurarle una solución es poco menos que imposible tratar de arreglar todos los problemas que de la misma derivan. Sin embargo el gobierno, en lugar de admitirla y enfrentarla como corresponde, lo que hace es eludir su responsabilidad en la generación del flagelo, trasladándola hacia otros sectores, como por ejemplo los empresarios formadores de precios. Que parte de responsabilidad pueden tener, no se los exime, pero que en todo caso proviene de la defensa -en algunos casos exagerada- que se hace para evitar la invasión descontrolada del Estado. Es que este aumenta impuestos, servicios, los combustibles, pero fustiga a quienes ajustan sus costos y precios, aun cuando en este momento la Argentina tiene la presión tributaria más alta de la historia, equiparable al de muchos países de alto desarrollo, quienes en cambio como contrapartida ofrecen un nivel de excelencia en los servicios que brindan a cambio.
Muchos economistas calificaron los dichos de Kicillof como "un disparate". Desde aquí planteamos sólo la diferencia de criterios que existe entre nuestro ministro de Economía y algunos de los países de nuestra región, en este caso Uruguay, que reduce la emisión para frenar la inflación, o bien Brasil que viene implementando una reducción importante del gasto alarmado por una inflación de casi 7 puntos. Claro, si en cambio se desvía la vista hacia Venezuela, la cuestión cambia absolutamente, pues es el país más inflacionario del planeta, y al menos hasta hace poco, parecía ser el modelo que desde aquí se seguía. 
Más allá de enfocar la cuestión solamente en la emisión monetaria, aún siendo un factor determinante, lo que se pretende es que haya un plan integral para contener la inflación, que vaya mucho más allá de los "precios cuidados" de un acuerdo que no termina por ajustarse. Es que el gobierno, aún tratando siempre de exceptuarse de los problemas y trasladando hacia otros la responsabilidad, tiene las herramientas esenciales para conformar un plan anti inflacionario integral, como la reducción del gasto público y la contracción de la emisión monetaria.
Justamente ese último caso, el exceso de dinero circulante, es el que preocupa en el desarrollo de esta nota. El caso del Uruguay es más que ejemplificador, pues como paso inicial para enfrentar la inflación que les preocupa en demasía y aún no habiendo alcanzando los dos dígitos, lo primero que dispuso es reducir la emisión de dinero. Aquí en cambio, quien tiene la responsabilidad de la conducción económica, sostiene muy libremente que la emisión no es generadora de inflación. "Un disparate", le respondieron al unísono los economistas que no están acompasados con el gobierno.
Toda esta perspectiva es preocupante, porque el paso fundamental para poder resolver un problema, es admitirlo. Y aquí se niega, porque hay ciertas palabras que la presidenta Cristina Fernández no quiere que figuren en el léxico de los voceros oficialistas, como inflación y ajuste.

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